La educación en la España del siglo XX

El siglo XX comienza en España con unas tasas de analfabetismo muy superiores a la media europea. En 1900, la tasa de analfabetismo femenino se situaba en un 71,4%, mientras que el masculino era del 55,8%. Desolador, cualquiera de los dos datos, aunque todo empeora para ellas.

La Ley Moyano de 1857, inspirada en los principios de la Constitución de 1812, en un tímido intento de separar la educación de la Iglesia, dejó en manos de los ayuntamientos la educación primaria, que pasó a ser obligatoria y gratuita; la responsabilidad de la educación secundaria correspondió a las provincias; y la superior, al Estado. Sin embargo, su implementación fue lenta y desigual.

Esta ley educativa ha sido la más longeva de nuestra historia, ya que permaneció vigente hasta 1970. Y aunque sus intenciones eran las de erradicar el analfabetismo y modernizar la sociedad, como hija de su época, implantó programas diferentes, según fueran dirigidos a niños o a niñas: a los varones, en la educación superior, se les impartían asignaturas como Agricultura, Geometría o Física; a ellas, bajo el nombre de ‘labores propias del sexo’, cursaban dibujo dirigido a esas mismas labores, o nociones de higiene doméstica. Fue un progreso con respecto a las décadas anteriores, en las que las órdenes religiosas gozaban de una total libertad a la hora de impartir las clases, pero, aun así, permitió que la Iglesia siguiera teniendo una ominosa presencia en todo el sistema educativo.

Otro rasgo positivo de la ley fue fijar unos sueldos decentes que permitieran a los maestros y maestras poder vivir dignamente de su trabajo. Luego vendrían los incumplimientos, sobre todo en la primera enseñanza, en la que los pagos debían proceder de los ayuntamientos.

Con la llegada de la Segunda República, en 1931, se produjo un impulso significativo en la educación. El Gobierno republicano consideraba la educación como un pilar fundamental para el progreso del país y se comprometió a mejorar el sistema educativo. Se construyeron nuevas escuelas, se aumentó el número de maestros y se promovió la educación mixta: la coeducación. Además, se estableció la libertad de cátedra y se fomentó la investigación científica en las universidades.

La educación en la Segunda República está inspirada en los principios del krausismo, teoría ideológica que fomentaba la libertad de pensamiento y la autonomía del individuo, promoviendo la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad.

El krausismo también estuvo estrechamente ligado al laicismo. Los krausistas defendían una educación alejada de la influencia religiosa, y abogaban por un Estado secular basado en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluida la de hombres y mujeres. Sentó las bases para la modernización de la educación en España, promoviendo la formación de docentes y la creación de instituciones educativas basadas en sus propios principios.

Estas ideas fueron importadas a España por un grupo de intelectuales, entre los que destacaron Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos, impulsores de la corriente pedagógica que se llamó Institución Libre de Enseñanza, que impregnó todo el sistema educativo del país durante la Segunda República.

Dentro de este proyecto, en 1931, surgió también el Patronato de las Misiones Pedagógicas, que consistía en acercar la cultura a los pequeños pueblos a través de bibliotecas ambulantes, lecturas para los que no sabían leer, conferencias, audiciones de música, exposiciones de pinturas célebres, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales.

El patronato fue presidido por Manuel Bartolomé Cosido, y contó con más de quinientos voluntarios entre los que destacan nombres como los de María Zambrano, Luis Cernuda, Alejandro Casona, Carmen Conde, Maruja Mayo, María Moliner o Ramón Gaya, la mayoría de los cuales tuvieron que exiliarse al final de la guerra.

El estallido de la Guerra Civil en 1936 truncó de inmediato los avances educativos de la Segunda República y los ideales y valores que alimentaron este proyecto quedaron enterrados y olvidados durante las décadas de la dictadura franquista (1939-1975). Durante todos estos años, la educación, por el contrario, estuvo marcada por un fuerte control ideológico, la segregación por sexos, y volvió a quedar en manos de la iglesia. La Ley de Educación Primaria de 1945 estableció una educación basada en los principios del nacionalcatolicismo, enfatizando la religión y los valores tradicionales.

En el mismo momento en el que se instauró la dictadura en España, todo el cuerpo de magisterio que había ejercido durante la República quedo bajo sospecha y se abrieron expedientes disciplinarios en su contra. Para tal fin se crearon en cada pueblo o provincia las Comisiones de Depuración de los funcionarios de enseñanza pública.

En el archivo de la Región de Murcia se pueden consultar miles de aquellos expedientes que duermen el sueño de los justos, agrupados en voluminosos legajos. Cada expediente consta de una serie de acusaciones entre las que figuran su condición de adepto o no a la República, su ateísmo, si asistían o no a misa u otros actos religiosos, sus filiaciones políticas o sindicales. En el caso de las mujeres, además, se tenía en cuenta detalles como su liberalismo afectivo, su forma de vestir, cuantos novios o amantes figuraban en su historial y si fumaban o salían de fiesta, y todo esto podía contribuir a su condena.

Para poder mantener su trabajo como enseñantes debían buscar avales que hablaran en su defensa. Los avales más cotizados eran los miembros de Falange, los religiosos (sacerdotes y monjas), guardias civiles y cualquier persona afecta al régimen franquista con influencia. A través de los informes de estas instituciones, algunas de estas personas fueron recuperadas o rehabilitadas para seguir ejerciendo; otros, con menos suerte, fueron apartados de la enseñanza para siempre; los menos afortunados fueron condenados a prisión, o incluso fusilados.

El caso de María Rosa Martí puede ser ilustrativo. Esta maestra de Yecla, de 48 años, fue condenada a muerte, pena que al final le conmutaron por 30 años de prisión. De ella el aparato falangista describió en un informe: «Propagó con la autoridad de maestra las absurdas y ridículas doctrinas del marxismo. En sus clases envenenaba el espíritu de niños inocentes, arrastrándolos hacia una vida de perversión y maldad». Otros casos como los de Encarna Zorita o Pilar Barnés, maestra lorquina, fueron rehabilitadas tras la muerte de Franco en 1975.

Mujeres como ellas no encajaban en las labores propias de su género ni en esa nueva España que relegaba a las mujeres a la reclusión en el sacrosanto ámbito doméstico y familiar, y era un deber del nuevo régimen neutralizarlas y apartarlas de la vida pública. «Contra el feminismo, feminidad», proclamaba el periódico falangista Arriba en 1939.

La represión, la depuración y el exterminio al que fueron sometidos los perdedores de la Guerra Civil, incluidos aquellos docentes, hombres y mujeres, fue un acto desmesurado, cruel y despiadado que se mantuvo durante toda la dictadura. ¿Es posible que España sea el único país del mundo, con circunstancias históricas similares, (Chile, Argentina, Alemania o Italia), que todavía no ha hecho una revisión ecuánime, sosegada y justa de su historia negra? ¿Llegará alguna vez ese momento?

Suscríbete para seguir leyendo